Minuto y resultado (i)

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (foto: La Vanguardia)

A 45 días para el 1-O (y a unos cuantos más para declarar la independencia), el Gobierno Rajoy ha desestimado el uso del artículo 155 de la Constitución (la intervención de la autonomía) como medio para impedir la celebración del 1-O “por razones temporales y políticas”. La verdad es que se veía venir, ya que la aplicación práctica de este artículo hubiera requerido un complicadísimo encaje de bolillos jurídico-legal para salvar los plazos1. Al día siguiente de estas declaraciones, la ANC y Òmnium Cultural han comenzado a calentar a sus seguidores de cara al 11-S y han pedido al Gobierno que se atreva a revelar su estrategia para parar el referéndum2, lo cual no deja de ser curioso teniendo en cuenta el secretismo que caracteriza la estrategia del bando independentista.

Se han acabado las vacaciones para los parlamentarios de Cataluña sin la inclusión de la Ley del Referéndum en el orden del día del Parlament. Tras la suspensión por el Tribunal Constitucional de la reforma del reglamento del Parlament que hubiera permitido su aprobación exprés (por medio de una lectura única), existe un cierto desconcierto en el independentismo sobre cómo proceder sin desobedecer abiertamente al Tribunal (lo cual contradice de una manera palmaria con el discurso de la desobediencia y el desacato que venimos oyendo desde el 9-N).

La Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha declarado que “Hemos sido notificados y ahora sólo esperamos que la reciban las 14 mesas de los Parlamentos autonómicos y la mesa del Congreso que también tienen el procedimiento de lectura única”3, obviando intencionadamente que ese procedimiento se reserva para la tramitación de leyes mucho más sencillas. El mismo reglamento del Congreso dice en su artículo 150: “Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita”. Utilizar este procedimiento para tramitar leyes de la complejidad (y el impacto social) de la Ley del Referéndum o la de Transitoriedad Jurídica es forzar la interpretación del reglamento hasta un extremo aberrante, además de ser un desprecio a más de la mitad de los catalanes (representados por la oposición, a la que la lectura única recorta sustancialmente sus derechos). Que los abanderados de la transparencia y la calidad democrática recurran a una argucia así para aprobar las leyes que les interesan me parece una decisión claramente tomada desde la desesperación, y estoy seguro de que más de un político del bando independentista está lejos de sentirse cómodo con esta estrategia.

1 http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/786298/pp-no-aplicara-catalunya-articulo-155-constitucion
2 http://www.lavanguardia.com/politica/20170816/43592854821/entidades-soberanistas-1o.html
3 http://www.lavanguardia.com/politica/20170816/43593254054/tsjc-notifica-forcadell-suspension-reforma-reglamento-parlament.html

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