20 de septiembre de 2017

Concentración frente a la consellería de Economía (foto: La Vanguardia).

En este blog he incidido varias veces en el hecho de que, con el 1-O casi encima, prácticamente nadie hablaba del referéndum por la calle, en mi entorno, en mi vida cotidiana. Eso lo asociaba al escaso impacto que la llamada a votar estaba teniendo entre la ciudadanía que no simpatiza particularmente con el independentismo. En la entrada anterior decía que, por primera vez, ayer había oído a alguien hablar del 1-O por la calle, camino del trabajo.

La velocidad meteórica a la que se suceden los acontecimientos ha hecho cambiar eso, no sé si momentáneamente o no. El registro esta mañana de diversas conselleries y la detención de algunos cargos de la Generalitat ha provocado por primera vez comentarios de perplejidad entre mis compañeros de trabajo (del tipo “qué fuerte lo que está pasando”), lo que realmente indica el enorme impacto mediático de la actuación de la Guardia Civil.

Por un lado, pienso que si hay pruebas de que los detenidos han vulnerado las leyes hay que actuar. Pero, por otro, pienso que si los que se saltan las leyes son tantos y representan a una parte relevante de la sociedad, lo que hay es un problema de fondo no sólo legal sino político que se ha dejado enquistar. Estas detenciones han sido dictadas por un juez de Barcelona y quiero suponer que tienen una base jurídica muy justificada. Atemorizar no es el trabajo de las fuerzas de seguridad ni es una estrategia inteligente (ni digna) por parte de ninguna institución democrática. Las órdenes del juez podían haberse cumpliado de una manera mucho más discreta, sin un desfile de uniformes que no hacen otra cosa que nutrir la provocación.

Si hace unos días mencionaba aquí la escasa visibilidad (en Barcelona) de campaña del SÍ, lo ocurrido esta mañana supone la mejor campaña que los independentistas podrían tener. No tengo duda de que van a saber explotarla al máximo (hoy mismo, el President Puigdemont ha dicho que “esta agresión está fuera del amparo legal”1, probablemente sin darse cuenta de la ironía de lo que decía). Quizá desde Madrid las cosas se vean diferentes y algunos celebren la demostración de fuerza tan largamente esperada, pero como unionista catalán me inquieta que lo sucedido hoy sólo sirva, al final, para que el independentismo gane apoyos.

Sinceramente, esperaba llegar al 1-O en medio de un gran estruendo mediático pero con tranquilidad en la calle. Hoy había quedado para comer en la plaza Urquinaona, no muy lejos de una de las sedes registradas, y las sirenas de los coches patrulla yendo y viniendo y el zumbido incesante de los helicópteros otorgaban una proximidad al conflicto que me han dejado muy mal cuerpo.

1 http://www.ara.cat/politica/Guardia-Civil-departament-dEconomia-Generalitat_0_1873012787.html

Empieza el choque

Pues ha llegado el día: hoy comienza el tan aplazado choque de trenes: un choque a cámara lenta que durará unas cuantas semanas y que sin duda se ganará un sitio en los libros de Historia. Mientras escribo esto, y siguiendo el guión previsto, los grupos independentistas han pedido una alteración del orden del día en el Parlament para introducir la votación de la Ley del Referéndum: el minuto cero del choque. Además, en un giro no previsto por el guión, la Presidenta del Parlament ha hecho coincidir la votación con una petición de recusación de todos los miembros del Tribunal Constitucional, un hecho inaudito en la historia de este organismo y que pretende, naturalmente, bloquear o retrasar la decisión del tribunal (aunque, paradójicamente, suponga su legitimación por parte de los que argumentan a favor de la desobediencia y el desacato).

Nos esperan tres semanas llenas de tensión política, declaraciones encendidas, manifestaciones multitudinarias, giros inesperados y muchos, muchos golpes de efecto destinados a descolocar al adversario. ¿Qué pensaremos de “los hechos de septiembre de 2017” cuando leamos sobre ellos en los libros de Historia? ¿Bajo qué luz los retratará la posteridad?

Súbditos

Jordi Turull (foto: EFE).

Preguntado por el referéndum del 1-O, Jordi Turull (conseller de Presidencia y portavoz del Govern de la Generalitat) dijo ayer en rueda de prensa: “Lo determinante es que los ciudadanos de Cataluña el 1 de octubre acudan a las urnas y se comporten como ciudadanos y no como súbditos”. Y añadió: “La gente es demócrata, la gente no querrá quedarse en casa como súbditos”1.

No hay mucho más que añadir. No recuerdo que nunca antes se haya tachado de poco demócrata y de “súbdito” (que supongo que para Turull es una cosa muy fea) a los que, por las razones que sea, eligen ejercer su derecho a la abstención. Ni que se les pueda considerar menos ciudadanos por ello. ¿Declaraciones como éstas van a atraer a más gente a los (hipotéticos) colegios electorales del 1-O? Diría que más bien al contrario. Creo que lo único que hacen es profundizar en la división social que ya se palpa en Cataluña, en la que unos son los libres y demócratas y los otros somos los esbirros de un régimen totalitario.

Si tanto preocupa la participación a los organizadores del referéndum del 1-O, una solución podría ser instaurar el voto obligatorio: aún están a tiempo, es perfectamente democrático y daría a la abstención mucho más valor.

1 https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-08-29/turull-subditos-catalanes-abtenerse-referendum_1435425/

Desconectando

La CUP cuenta los segundos que quedan hasta el fin del procés (imagen: El Nacional).

Ya tenemos la Ley de Desconexión presentada en el Parlament. Presentada, no aprobada. Presentada con rueda de prensa, mucha publicidad y presencia en las redes para que a nadie se le escape que el Govern está peleón y va a por todas. Con mucho ruido mediático, en definitiva, para nadie se pare a pensar que, hasta ahora, nadie en el Govern ha firmado nada legalmente comprometedor. Recordemos que, en un ya lejano 9 de noviembre de 2015, los partidos independentistas aprobaron una “declaración solemne” en el Parlament que decía: “Como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, reitera que este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, y en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia”. Y desde entonces se han acatado las sentencias de los tribunales “españoles” cuando ha tocado hacerlo.

Sin ir más lejos, la Ley de Desconexión tenía que ser presentada el pasado 16 de agosto, y no lo hizo a raíz de de la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la reforma del reglamento que tenía que haber servido para aprobarla. ¿La respuesta del Govern no tendría que haber sido, en lógica coherencia, desobedecer a ese tribunal de filiación española? Pues no: empezaron las dudas y se decidió postergar la presentación de la Ley hasta ver cómo se podía vehicular sin desobedecer abiertamente al tribunal.

Sin embargo, a un mes del 1-O, esto va a tener que cambiar. Como dijo la CUP hace poco, “el 1-O se acaba el procés1: estamos llegado a la frontera que los propios independentistas se han impuesto, la fecha grabada en piedra que el Govern ya no puede renegociar con sus bases. El President va a tener que estampar en breve su firma en la Ley de Desconexión para poder convocar el referéndum. Dicen que eso ocurrirá el próximo miércoles 6 de septiembre, a las puertas de la Diada, y desde luego significará un cambio en la dinámica del procés: el Tribunal Constitucional suspenderá esa ley poco después (desde el independentismo se espera que sea antes de la Diada, para capitalizar la indignación) y, esta vez, el Govern tendrá que elegir. Opción uno: acatar la suspensión, lo que dejaría perplejas a sus bases: ¿acatar a un tribunal de cuya autoridad nos acabamos de “desconectar”? No sería la primera vez que ocurre, pero la contradicción nunca habría sido tan flagrante. Opción dos: desacatar la suspensión y continuar adelante con el referéndum, entrando ya directamente en la ilegalidad y obligando a muchos ciudadanos catalanes (funcionarios o no) a elegir bando: u obedecen al Govern u obedecen al Tribunal Constitucional.

1 http://www.lavanguardia.com/politica/20170823/43749502587/cup-proces-desobediencia-estado-diada-1o.html

Minuto y resultado (i)

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (foto: La Vanguardia)

A 45 días para el 1-O (y a unos cuantos más para declarar la independencia), el Gobierno Rajoy ha desestimado el uso del artículo 155 de la Constitución (la intervención de la autonomía) como medio para impedir la celebración del 1-O “por razones temporales y políticas”. La verdad es que se veía venir, ya que la aplicación práctica de este artículo hubiera requerido un complicadísimo encaje de bolillos jurídico-legal para salvar los plazos1. Al día siguiente de estas declaraciones, la ANC y Òmnium Cultural han comenzado a calentar a sus seguidores de cara al 11-S y han pedido al Gobierno que se atreva a revelar su estrategia para parar el referéndum2, lo cual no deja de ser curioso teniendo en cuenta el secretismo que caracteriza la estrategia del bando independentista.

Se han acabado las vacaciones para los parlamentarios de Cataluña sin la inclusión de la Ley del Referéndum en el orden del día del Parlament. Tras la suspensión por el Tribunal Constitucional de la reforma del reglamento del Parlament que hubiera permitido su aprobación exprés (por medio de una lectura única), existe un cierto desconcierto en el independentismo sobre cómo proceder sin desobedecer abiertamente al Tribunal (lo cual contradice de una manera palmaria con el discurso de la desobediencia y el desacato que venimos oyendo desde el 9-N).

La Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha declarado que “Hemos sido notificados y ahora sólo esperamos que la reciban las 14 mesas de los Parlamentos autonómicos y la mesa del Congreso que también tienen el procedimiento de lectura única”3, obviando intencionadamente que ese procedimiento se reserva para la tramitación de leyes mucho más sencillas. El mismo reglamento del Congreso dice en su artículo 150: “Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita”. Utilizar este procedimiento para tramitar leyes de la complejidad (y el impacto social) de la Ley del Referéndum o la de Transitoriedad Jurídica es forzar la interpretación del reglamento hasta un extremo aberrante, además de ser un desprecio a más de la mitad de los catalanes (representados por la oposición, a la que la lectura única recorta sustancialmente sus derechos). Que los abanderados de la transparencia y la calidad democrática recurran a una argucia así para aprobar las leyes que les interesan me parece una decisión claramente tomada desde la desesperación, y estoy seguro de que más de un político del bando independentista está lejos de sentirse cómodo con esta estrategia.

1 http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/786298/pp-no-aplicara-catalunya-articulo-155-constitucion
2 http://www.lavanguardia.com/politica/20170816/43592854821/entidades-soberanistas-1o.html
3 http://www.lavanguardia.com/politica/20170816/43593254054/tsjc-notifica-forcadell-suspension-reforma-reglamento-parlament.html