Ya tenemos la Ley de Desconexión presentada en el Parlament. Presentada, no aprobada. Presentada con rueda de prensa, mucha publicidad y presencia en las redes para que a nadie se le escape que el Govern está peleón y va a por todas. Con mucho ruido mediático, en definitiva, para nadie se pare a pensar que, hasta ahora, nadie en el Govern ha firmado nada legalmente comprometedor. Recordemos que, en un ya lejano 9 de noviembre de 2015, los partidos independentistas aprobaron una “declaración solemne” en el Parlament que decía: “Como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, reitera que este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, y en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia”. Y desde entonces se han acatado las sentencias de los tribunales “españoles” cuando ha tocado hacerlo.
Sin ir más lejos, la Ley de Desconexión tenía que ser presentada el pasado 16 de agosto, y no lo hizo a raíz de de la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la reforma del reglamento que tenía que haber servido para aprobarla. ¿La respuesta del Govern no tendría que haber sido, en lógica coherencia, desobedecer a ese tribunal de filiación española? Pues no: empezaron las dudas y se decidió postergar la presentación de la Ley hasta ver cómo se podía vehicular sin desobedecer abiertamente al tribunal.
Sin embargo, a un mes del 1-O, esto va a tener que cambiar. Como dijo la CUP hace poco, “el 1-O se acaba el procés”1: estamos llegado a la frontera que los propios independentistas se han impuesto, la fecha grabada en piedra que el Govern ya no puede renegociar con sus bases. El President va a tener que estampar en breve su firma en la Ley de Desconexión para poder convocar el referéndum. Dicen que eso ocurrirá el próximo miércoles 6 de septiembre, a las puertas de la Diada, y desde luego significará un cambio en la dinámica del procés: el Tribunal Constitucional suspenderá esa ley poco después (desde el independentismo se espera que sea antes de la Diada, para capitalizar la indignación) y, esta vez, el Govern tendrá que elegir. Opción uno: acatar la suspensión, lo que dejaría perplejas a sus bases: ¿acatar a un tribunal de cuya autoridad nos acabamos de “desconectar”? No sería la primera vez que ocurre, pero la contradicción nunca habría sido tan flagrante. Opción dos: desacatar la suspensión y continuar adelante con el referéndum, entrando ya directamente en la ilegalidad y obligando a muchos ciudadanos catalanes (funcionarios o no) a elegir bando: u obedecen al Govern u obedecen al Tribunal Constitucional.
